La semana pasada, concretamente el jueves pasado, en la sesión de control del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, el Grupo de Izquierda Unida, a través de su Portavoz Gregorio Gordo, inquiría a Doña Esperanza Aguirre al respecto de la propuesta realizada a los sindicatos en cuanto al nuevo campo de juego por ella diseñado de las relaciones laborales en el ámbito del sector público madrileño.
La respuesta del ejecutivo madrileño por esperada no deja de ser de todo punto indignante, Esperanza Aguirre propone retomar el modelo pre-existente a la Constitución de 1.978, y si me apuran a las Tablas de Moisés.
La respuesta se puede resumir en persecución sindical y anulación de la participación institucional de la ciudadanía.
Por lo que se conoce del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, agárrense, desaparecen en principio los siguientes órganos de participación social: de los jóvenes, de las mujeres, de los funcionarios, de los empresarios y trabajadores de la Industria y del Turismo, de los cooperativistas, de la economía social, de los servicios sociales. Es decir desaparecen los madrileños y madrileñas de la Comunidad de Madrid por arte de "birli birloque" para el Partido Popular, y con ellos sus estructuras de participación.
Respecto a los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras públicos no es aun más halagüeño el panorama; si en el primer bloque la supresión no deja de ser de voluntad política, este segundo es calificable de ilegítimo e ilegal: El desprecio por las Leyes, empezando por la Constitución y legislación complementaria a la misma a través de Leyes Orgánicas, de muestra dos botones, grandes por cierto, de la Constitución sus artículos, 7, 9, 28, 37 y 48, y del Estatuto de Autonomía sus artículos 1, 3 y 26.
No descarten que como colofón a su brillante gestión, Doña Esperanza, en un alarde de imaginación convoque un concurso público para vender la marca “Comunidad de Madrid”, del resto ya no quedará nada, se lo habra piludo.
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