
Parece ser, ya que solo tengo una información verbal aunque de todo punto solvente, que la
empresa municipal LYMA (Concejala del PSOE), participada al 100% por el Ayuntamiento de Getafe (PSOE e IU), ha perdido un juicio en la jurisdicción laboral sobre
despido de un trabajador, reconocido por la propia empresa en la comunicación del despido como improcedente.
Lo sorprendente del asunto es que el Convenio Colectivo de aplicación contiene una cláusula pro-operario según la cual, en caso de proceder la empresa a despedir a un trabajador, y este despido fuese declarado como improcedente, la opción de reincorporarse a su puesto de trabajo o de optar por la indemnización que le pudiera correspondiese es a la voluntad del trabajador. Es decir, al contrario que la regulación estatutaria, donde es el empresario el que opta en primer lugar.
Cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que reconociendo la empresa la improcedencia del despido en la carta en el que se lo comunica, aun insistan a su validación judicial?. Simple y llanamente para
poder saltarse y quebrar el Convenio vigente y, donde hay un derecho del trabajador se sustituye por la regulación estatutaria aludida a favor del empresario.
Filibusterismo laboral. A solicitud de un trabajador acudió en calidad de testigo el diputado regional de IU-Madrid, Gregorio Gordo, en calidad de ex responsable de dicha Empresa Pública. Declaró la existencia y vigencia de dicho Convenio, sin salir de su asombro respecto el despido planteado.
Así no es de extrañar que siendo considerados como poco adecuados la presencia de crucifijos en la toma de posesión de los ministros, el PSOE tampoco apoye la iniciativa presentada por Izquierda Unida de su supresión en tales actos, en fin pura exaltación de la confesionalidad del Estado.
¿Entienden el juego?.